Que algunos países encasillen a Panamá como paraíso fiscal, por considerar que tiene un bajo sistema impositivo, ha significado un obstáculo para continuar con las negociaciones de tratados de libre comercio y la aplicación de tasas adicionales para aquellas empresas o sociedades panameñas que exporten bienes o servicios a esas naciones.
¿Cuánto genera esto en pérdidas?
Es difícil medir el impacto que tiene en el país el que se incluya a Panamá en una lista negra, coinciden especialistas del tema.
“No sabemos cuánto se deja de percibir, pero el ser considerado paraíso fiscal es comparable con el hecho de que a Panamá le pusieran un arancel altísimo para la exportación de melones a Estados Unidos, por ejemplo. Nadie nos los va a comprar”, sostiene Carlos Ernesto González Ramírez, asociado de la firma de abogados Morgan & Morgan.
Lo cierto es que aunque Panamá ha salido bien librada de algunas listas negras, como las de Francia e Italia, le falta por recorrer otro trecho con naciones como España, México y Ecuador. Este último hizo la inclusión este año.
Expertos en el tema consideran que Panamá debe dejar de manejar esto por la vía diplomática y llevarlo a otras instancias, como la Organi-zación Mundial del Comercio (OMC), mientras que el Gobierno prefiere mantener su política conciliadora, para no crear más tensión entre los países.
González Ramírez es de la tesis de que Panamá debe iniciar un caso modelo en la OMC en contra de algunos de los países que han colocado a la nación en una lista negra, pero agrega que otra medida que se puede implementar es la de retorsión, y que podría aprovecharse la coyuntura de la ampliación del Canal.
La aplicación de la ley de retorsión impediría que las empresas de estos países compitieran por contratos públicos y se les daría el mismo trato que reciben las compañías panameñas en esas naciones.
“Nosotros necesitamos un caso en la OMC que de alguna manera defina este problema con todos los países. Los argumentos jurídicos lo sustentan, lo que hay es que tomar la decisión política y darle luz verde al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para que lo haga”, sostiene.
Sin embargo, el Gobierno no desea, por el momento, tomar una decisión como esta.
Javier Bonagas, director de Política Exterior de la Cancillería, admite que el Gobierno no está muy inclinado a tomar este tipo de medidas, antes de eso prefiere agotar todos los esfuerzos para evitar su aplicación. La política es más de conciliación, “de buscar un arreglo antes que llegar a la controversia”.
“Hemos tenido resultados positivos en las negociaciones, las que faltan con los otros países ya están en marcha y esperamos no tener que recurrir a aplicar la ley de retorsión”, afirma.
Panamá ha logrado salir de la calificación de paraíso fiscal ante países como Rusia, Francia e Italia, y actualmente está en negociaciones con España, México, Brasil y Ecuador.
Leroy Sheffer, jefe negociador del Mici, comenta que la gran mayoría de los países que aplican estas acciones discriminatorias, lo hacen atendiendo a las recomendaciones iniciales efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Esas recomendaciones se refieren a territorios o jurisdicciones que son considerados paraísos fiscales o territorios con sistemas diferenciados de tributación, que no son jurisdicciones cooperadoras o bien, países que son considerados de nula o baja imposición tributaria.
“Esto refleja un claro desconocimiento de la realidad de nuestro >>
>> sistema tributario y del modelo de desarrollo que posee nuestro país, el cual bajo ningún concepto elimina el pago de tributos o crea un sistema que de manera especial beneficia o privilegia, por encima de los intereses de nuestros nacionales, la atracción de capitales extranjeros sin controles reales”, destaca.
Búsqueda de soluciones
Javier Bonagas subraya que salir de una lista negra implica un proceso complejo en el que están involucradas instancias fiscales, económicas y de política exterior. A la vez expresa que en ocasiones las disposiciones que adoptan los países son leyes, por lo que es más difícil cambiarlas debido a que requieren ser discutidas por sus parlamentos.
Mientras las autoridades buscan una solución, las sociedades panameñas que exportan bienes y servicios están perdiendo terreno en estos países.
“La aplicación de medidas discriminatorias en materia fiscal, inciden directa y negativamente en las inversiones y en las relaciones comerciales bilaterales entre los países afectados”, reconoce Leroy Sheffer, y señala que en muchos casos, se afecta tanto al país sancionado como a los inversionistas de los países que emiten la medida, al gravar sus gestiones comerciales con sobre tasas o sanciones.
Por su parte, González Ramírez dice que no hay que perder de vista el impacto que a largo plazo puede tener el pertenecer a una lista negra.
El jurista recuerda que el senador Barack Obama, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, presentó en el senado de este país un proyecto de ley sobre temas fiscales que incluiría a Panamá en la lista negra y que podría tener un impacto muy fuerte en el país.
De allí que insista en que el asunto sea manejado no solo por la vía diplomática. Además, a su juicio Panamá no está haciendo nada malo, porque no está promoviendo la evasión fiscal de otros países, sino que sencillamente tiene un sistema fiscal territorial que aplica el cobro de impuestos a los que hacen negocios en Panamá y no en el ámbito universal.
“Este es un sistema moralmente superior al universal”, opina.
COLUMNISTA INVITADO
Un tema de interés
OPINIÓN | Hablar de “paraísos fiscales” siempre despierta
curiosidad y malicia. El tema genera interés en quienes ven la oportunidad de disminuir sus cargas impositivas y, por otro lado, a las autoridades fiscales en
general les causan aprehensión
al considerar que estos paraísos son utilizados para evadir
impuestos.
En el caso de Panamá, el concepto territorial para establecer la incidencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) da margen para el uso de argucias y tecnicismos legales que permiten importantes ahorros impositivos, que son legales de acuerdo al sistema panameño, pero son rechazados por otras jurisdicciones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene su propia lista de paraísos fiscales (entre los cuales incluye a Panamá), bajo la consideración de que tienen un sistema tributario de bajo impacto o simplemente no existen impuestos y, por supuesto, son aprovechados para eludir y evadir tributos.
Si bien es cierto que el sistema de impuestos de Panamá no puede calificarse de baja tributación, su inclusión en esas listas negras se debe primordialmente a nuestro sistema territorial, a las facilidades que ofrece el centro bancario y a la ausencia de tratados de información tributaria.
En nuestra opinión, la legalidad en el uso de las normas fiscales panameñas depende de la legislación de los países afectados y de la particularidad de los implicados.
El autor es consultor fiscal.
EXPORTACIONES. Estar en una lista negra le resta competitividad a las empresas panameñas por la aplicación de altos aranceles. LA PRENSA | David Mesa
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